La responsabilidad de las empresas transnacionales españolas en materia de derechos humanos:
Hacia un marco general de políticas públicas
Durante las últimas décadas, el creciente papel de las empresas transnacionales (ET) en la economía globalizada ha puesto de manifiesto la existencia de un área gris en torno a las responsabilidades de estos actores en materia de derechos humanos, en áreas como los derechos laborales; los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al medioambiente o los derechos de grupos específicos en situación de especial vulnerabilidad, como los pueblos indígenas. Ante el impacto negativo de las actividades de estas empresas sobre el goce de los derechos humanos de la población de los países en los que operan y la falta de claros marcos jurídicos para la exigencia de responsabilidades por estas actividades, se han sucedido en años recientes una serie de iniciativas de nivel internacional, regional y doméstico que pretenden definir un marco de referencia en este ámbito. A estas iniciativas, que incluyen normas jurídica de carácter no vinculante y políticas de responsabilidad social corporativas, sectoriales o multilaterales, se le unen el recurso cada vez más frecuente al litigio transnacional.
Ante la falta de claros marcos jurídicos internacionales para la exigencia de las responsabilidades derivadas del impacto negativo de las actividades ET sobre el goce de los derechos humanos, a partir de los años 1970 comenzaron a darse los primeros intentos de regulación jurídica internacional de las actividades de las ET. Ejemplos particularmente relevantes de este tipo de iniciativas son la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1976, y las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 1977. También de época datan las primeras políticas empresariales de responsabilidad social corporativa (RSC), inicialmente delimitadas a empresas individuales, aunque posteriormente fueron el germen de iniciativas sectoriales y multilaterales, con la participación de gobiernos y actores de la sociedad civil.
Las décadas de los años 1980 y 1990 marcan una fase de aceleración de las actividades de las ET promovida por la globalización de la economía mundial, y con ella la proliferación de nuevos intentos naciones, regionales e internacionales destinados a definir los responsabilidades de estas empresas en relación con los derechos humanos. En el ámbito del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, el Secretario General lanzó en 2000 el Pacto Global (Global Compact), un mecanismo multilateral de carácter voluntario que establece una serie de compromisos mínimos de las empresas firmantes en relación con los derechos humanos, los derechos laborales, el medioambiente y la corrupción. Por su parte, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos aprobó en 2003 un proyecto de normas sobre ET, que no fueron finalmente aprobadas, pero promovieron el establecimiento del mandato del Representante Especial del Secretario General (RESG) sobre ET y derechos humanos. Las actividades llevadas a cabo por el RESG hasta la fecha lideran la discusión internacional actualmente en curso en torno a la materia.
Objetivos
El presente proyecto aspira a analizar la compleja discusión en torno a las responsabilidad de las ET en materia de derechos humanos en relación con el caso específico de las empresas españolas, a la luz del papel cada vez más relevante que estas ocupan en el panorama económico global, así como de las distintas iniciativas puestas en marcha por las administraciones públicas, la sociedad civil y las propias empresas .
Bajo este objetivo general, el proyecto pretende:
- elaborar una síntesis de los distintos marcos regulatorios, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno español, con miras a definir cuáles son las responsabilidades que atañen a las ET en relación con el respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos en los países en los que operan;
- ofrecer, por primera vez, una evaluación de conjunto sobre el papel que han jugado las ET españolas en relación con estos marcos regulatorios;
- identificar la responsabilidad que atañe a las administraciones públicas en relación con la supervisión de las actividades de las ET españolas, a la luz de las obligaciones de España en materia de derechos humanos.
Financiación
El proyecto de investigación “La responsabilidad de las empresas transnacionales españolas en materia de derechos humanos: hacia un marco de políticas públicas” (DER2010-18780) Está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y co-financiado por FEDER. Asimismo, el proyecto se ha visto beneficiado de la Acción Complementaria:
“El mandato de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos y los grupos vulnerables: su impacto sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales españolas en el ámbito de los derechos humanos” (DER2011-16006-E), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.